El decreto social español destaca el aumento del seguimiento y registro de asistencia en toda Europa.

12 de marzo de 2019.

El aumento de la tecnología ha generado un nuevo interés en el seguimiento y registro de la asistencia y el control de acceso y se está extendiendo por toda Europa, en línea con Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.

El interés proviene de varias razones, como el reconocimiento de horas extra por parte de los empleados, combatir la precariedad laboral, problemas de seguridad, la regulación de contratos a tiempo parcial y la falta de millones de euros en la Seguridad Social.

Por ejemplo, los países escandinavos requieren que los trabajadores de la construcción registren su entrada y salida, y el gobierno español acaba de aprobar un Decreto Social que obliga a las empresas a registrar la jornada laboral de los trabajadores.

¿Qué es el decreto social español?, ¿qué impacto para las empresas?

El gobierno español aprueba el 12 de marzo de 2019 (BOE-A-2019-3481: Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo) un nuevo Decreto Social que incluye la necesidad de establecer un registro de la jornada de trabajo en las empresas para luchar contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.

La razón es clara: el gobierno quiere evitar el trabajo ilegal, regular mejor los contratos a tiempo parcial y obligar a las empresas a ajustar los límites de jornada y pagar las horas extra de manera correcta para beneficiarse completamente de los impuestos en la Seguridad Social. El gobierno ha destacado que el 48% de los empleados que trabajan horas extras declaran no cobrarlos.

El nuevo Decreto obliga a las empresas a garantizar, en los dos meses siguientes a la publicación del texto en el BOE, el registro diario de jornada que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, así como a conservar los registros durante cuatro años y permanecer a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El texto también modifica la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que en adelante incluirá el registro de jornada como uno de los motivos que, en caso de transgresión por parte de la empresa, acarrean una sanción grave. Este tipo de sanciones acarrean multas de entre 626 y 6.250 euros para las empresas.

¿Cuál es la solución para las empresas?